En esta Sentencia, el Tribunal Constitucional analiza un caso de inconstitucionalidad relacionado con la Ordenanza 375-2021/MLV de la Municipalidad Distrital de La Victoria, que prohíbe abandonar vehículos en la vía pública o estacionarlos de manera inapropiada. En la Sentencia 437/2023, el Tribunal Constitucional emitió un fallo donde declaró parcialmente fundada la demanda presentada por el Poder Ejecutivo, encontrando inconstitucionales ciertas infracciones específicas establecidas en la ordenanza.
El Tribunal Constitucional resaltó la importancia de respetar los principios constitucionales en la elaboración de normativas municipales, subrayando que las autoridades locales deben ajustar sus regulaciones para asegurar su conformidad con la Constitución y proteger los derechos de los ciudadanos afectados. En este sentido, el fallo establece un precedente significativo en cuanto a la revisión de normativas locales y destaca la importancia de armonizar las disposiciones municipales con la legislación constitucional vigente.
El caso se originó a partir de una demanda de inconstitucionalidad presentada por el Poder Ejecutivo contra la Ordenanza 346-2020/MLV, la cual fue derogada por la Ordenanza 375-2021/MLV. El Tribunal Constitucional consideró que ambas ordenanzas estaban relacionadas con el ejercicio de competencias normativas para regular infracciones y sanciones relacionadas con el abandono de vehículos en la vía pública o su estacionamiento en lugares prohibidos. Por lo tanto, el Tribunal decidió pronunciarse sobre la Ordenanza 375-2021/MLV debido a la identidad sustancial con la ordenanza anterior.
En el proceso judicial, se discutió si la Ordenanza 375-2021/MLV infringía el artículo 119 de la Constitución, que se refiere a las competencias del Poder Ejecutivo y la dirección de servicios a cargo de los ministerios, así como el artículo 195.8, que establece las competencias de los gobiernos locales en materia de transporte y tránsito. El Poder Ejecutivo argumentó que los gobiernos locales no pueden desconocer las disposiciones nacionales sobre tránsito y transporte, y que cualquier norma municipal debe ser conforme con las leyes y reglamentos nacionales.
En su análisis, el Tribunal Constitucional también hizo referencia a la Ley de gestión y protección de espacios públicos, destacando la importancia de considerar principios constitucionales en la regulación municipal. Se mencionó que esta ley establece un marco normativo para la gestión, protección y sostenibilidad de los espacios públicos, garantizando su uso público a través de un enfoque coordinado y participativo.
En conclusión, la Sentencia 437/2023 del Tribunal Constitucional tiene implicaciones significativas para la Municipalidad Distrital de La Victoria y los ciudadanos afectados, instando a ajustes normativos para garantizar el respeto a la Constitución y los derechos de los ciudadanos. Este fallo destaca la importancia de la legalidad y la armonización de las normativas locales con la legislación constitucional vigente.
Además, el Tribunal Constitucional menciona que los policías, específicamente los de comisarías y del escuadrón de emergencia, tienen la capacidad de intervenir a conductores en ciertas situaciones, siempre y cuando sea dentro de un operativo programado y coordinado previamente. Se destaca que esta intervención debe estar respaldada por un documento escrito que indique la autoridad competente que dispuso el operativo, o en su defecto, el nombre de la autoridad que lo autorizó.
Se hace hincapié en que los policías tienen el deber constitucional de detener a una persona en caso de flagrancia delictiva, lo cual está ajustado a derecho al tratarse de un delito y no de una infracción de tránsito. Asimismo, se menciona que los efectivos policiales tienen la facultad de requerir la identificación de cualquier persona sin necesidad de una orden fiscal o del juez, si consideran que es necesario para prevenir un delito o para obtener información relevante en la investigación de un hecho punible.
En resumen, el documento destaca la función de los policías en la intervención de conductores en situaciones específicas, resaltando la importancia de que estas acciones estén respaldadas por procedimientos coordinados y documentados, así como por el respeto a los derechos constitucionales de los ciudadanos involucrados.
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