BREVE RESUMEN DEL INFORME
El informe de Amnistía Internacional señala la posible responsabilidad de la presidenta Dina Boluarte en graves violaciones de derechos humanos durante las protestas desde su asunción el 7 de diciembre de 2022. Boluarte, como jefa de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, podría ser considerada autora mediata de estos delitos por sus reuniones con comandantes y decisiones basadas en informes que calificaban a los manifestantes como "terroristas". A pesar de advertencias contrarias, declaró un estado de emergencia y desplegó las fuerzas armadas, resultando en múltiples muertes y heridos. Además, ascendió a funcionarios clave involucrados en los operativos y mantuvo un discurso estigmatizante hacia los manifestantes.
Durante las reuniones del Consejo de Ministros, Boluarte mencionó las muertes y heridos en una ocasión y pidió información sobre la actuación de las fuerzas de seguridad en dos ocasiones, sin exigir sanciones por actos ilegales. Las reuniones priorizaron declarar estados de emergencia, toques de queda y restricciones al derecho de reunión pacífica. Aunque pidió información sobre la actuación policial y recordó la necesidad de usar fuerza mínima, estas indicaciones fueron insuficientes. Envió solo dos cartas a los ministerios del Interior y Defensa el 19 de diciembre y un mensaje de WhatsApp el 18 de diciembre pidiendo evitar muertes, acciones que no detuvieron las muertes en Ayacucho ni en las semanas siguientes. Amnistía Internacional no ha recibido información sobre medidas
para enfrentar el sesgo racista en las fuerzas de seguridad, recomendado anteriormente.
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